ANALISIS DE LA INDAGACION PREVIA.
Conceptos Y Definiciones
Indagar.- “Preguntar e
investigar para procurar enterarse de datos o informaciones; especialmente si
son referentes a un asunto oculto o secreto: la policía indagó en el entorno de
la víctima del asesinato. OBS Se conjuga como llegar”[1].
Indagar.- “Tratar de llegar al conocimiento [de una cosa]
discurriendo por conjeturas”[2].
Indagación.- 1 “(noun) indagación [indaγa'θjon]
investigación para descubrir algo desconocido realizar la indagación de un
robo Tesauro indagación sustantivo femenino averiguación*,
investigación, pesquisa, inquisición, encuesta, examen, estudio, observación,
análisis, reconocimiento, información. Indagación alude a la acción o al método
que emplea una persona para llegar a conocer determinada cosa. Los sinónimos
presentan distintos métodos dirigidos a conseguir dicho fin, ya sean métodos
inquisitivos, deductivos, analíticos”[3]
De lo citado podemos manifestar, que Indagación en términos jurídicos significa buscar la verdad de un hecho sucedido con anterioridad o presente, en términos singulares tratar de llegar a saber cierta cosa que se desconoce.
Ahora
bien si tomamos referencia que en la actualidad nuestro país vive un constitucionalismo
moderno tal como lo establece el artículo 1.- de la Carta Política Vigente, que
correlativamente manifiesta.-
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos
y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de
manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.
Es
importante señalar que la norma constitucional expresa los diferentes principios y derechos fundamentales
inherentes a las persona. En condiciones
similares el estado ejerce su potestad a través de los órganos de la
administración de justicia.
En
el Capítulo cuarto bajo el lema Función Judicial y
justicia indígena, en la Sección Primera tipifica Principios de la administración de justicia,
que en el Artículo. 167 manifiesta.- “La potestad de
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la
Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la
Constitución”[4].
La administración de justicia,
en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones,
aplicará los siguientes principios:
1. Los órganos de la Función
Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este
principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo
con la ley.
2. La Función Judicial gozará
de autonomía administrativa, económica y financiera.
3. En virtud de la unidad
jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá
desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de
las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.
4. El acceso a la
administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de
costas procesales.
5. En todas sus etapas, los
juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados
en la ley.
6. La sustanciación de los
procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a
cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración,
contradicción y dispositivo. Lo citado lo preceptúa el artículo 168 de la
citada norma constitucional
EI sistema procesal, es un medio para la realización de la justicia. Las
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad,
eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las
garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión
de formalidades. La presente fuente la recoge el artículo 169 de la citada
norma. Constitucional
En
la Sección cuarta del capítulo cuarto se encuentran preestablecido lo relativo
a la Organización y funcionamiento.- La Función Judicial se compone
de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares
y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones,
atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada
administración de justicia. Fuente articulo 177. Constitución
En
el artículo 178, se expresan.- “Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de
otros órganos con Iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los
encargados de Administrar justicia, y serán los siguientes, pero como en el
presente estudio estamos analizando lo relativo a órganos auxiliares de la
función judicial citaremos lo que el inciso octavo manifiesta.- La
Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la
Función Judicial. La ley determinará la organización, el ámbito de competencia,
el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada
administración de justicia”[5].
Consecuentemente
en la Sección décima nos trae las normas constitucionales que regulan la
actividad Fiscalía General del Estado,
que en su Artículo. 194 nos señala.- La Fiscalía General del
Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e
indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía
administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es
su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los
principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso.
La referencia principal sobre
su actividad lo establece la norma del articulo 195.- La Fiscalía dirigirá, de
oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal;
durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés
público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los
presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones, la
Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de
investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal
de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y
asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y,
cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.
El sistema actual de justicia procesal penal en nuestro país concibe y regula una etapa pre procesal de investigación preliminar de hechos presumiblemente punibles. Por mandato Constitucional le corresponde al Ministerio Público prevenir e investigar los hechos en el conocimiento de las causas de oficio o previa denuncia, dirigir y promover esta investigación pre procesal la cual no debe prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena de prisión y de dos años en aquellos sancionados con reclusión
El Código de Procedimiento penal en su Art. 215 nos dice respecto de la indagación previa, que el Fiscal, representante del Ministerio Público, con la colaboración de la Policía Judicial dirige la investigación de los hechos presumiblemente constitutivos del delito que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento; esta función además de permitir que la investigación de las infracciones punibles sea realizada bajo parámetros de mayor eficiencia y asegurar la imparcialidad judicial, conlleva la responsabilidad no solo de que la investigación se realice sino de los resultados.
Es entonces el Fiscal quien toma las decisiones acerca del futuro de la investigación, ya sea para impulsar su continuación, declarar su cierre, decidir su suspensión o cualquier otra que signifique ponerle término anticipado; debe además decidir acerca de la necesidad de realizar ciertas diligencias de investigación, entre ellas solicitar al juez que dicte las medidas cautelares personales y reales que considere oportunas ya que es el único interlocutor válido en el caso respectivo, convirtiéndose en el responsable frente a daños o perjuicios que se generen como consecuencia de la actividad investigativa de un delito y además responder por el éxito o fracaso de las investigaciones penales frente a la opinión pública.
La dirección de la investigación en cuanto a la planificación de la estrategia de persecución penal e investigación significa determinar dos cosas, la primera es determinar cuál es el delito a perseguir y posteriormente investigar; y dos, establecer cuáles son los elementos del delito que requieren ser probados en juicio; consiguientemente, cuáles diligencias de investigación son relevantes y pertinentes para ello. Es decir el Fiscal es el responsable de ejecutar la estrategia directamente o por delegación a la Policía Judicial en lo que la ley le permite, sin que ello signifique que en la práctica no exista una interacción entre las dos instituciones que permita integrar la experiencia de la policía y de otros organismos de apoyo a la labor del Ministerio Público.
El Ministerio Público a partir de la información que llega a su conocimiento de cualquier forma, debe desplegar la estrategia de investigación que le permita manejar varias hipótesis para lo cual se ordena la práctica de las diligencias que permitan acreditar los elementos constitutivos de un delito, orientando de manera específica a recopilar antecedentes tendientes además a la forma en que la infracción fue perpetrada. El Fiscal, como representante del Ministerio Público, tiene la facultad de actuar en forma autónoma para realizar por sí mismo las diligencias de investigación, pues el Código de Procedimiento penal regula un conjunto de facultades específicas para recopilar información de toda persona o funcionario público quienes no pueden excusarse de proporcionarla salvo las excepciones contempladas en la misma ley. Entre otras, la posibilidad de citar a declarar o entrevistar a víctimas, testigos y al mismo imputado, ordenar la realización de pericias, decretar la vigilancia de un lugar para evitar la fuga de un sospechoso o la desaparición de evidencias. No obstante también tiene como facultad, delegar algunas diligencias investigativas a la Policía Judicial.
La Investigación Criminal En Los Delitos De Narcotráfico.- “Como ya se dijo, la investigación se encuentra por mandato constitucional a cargo del Ministerio Público, pero la práctica generalizada de los sistemas procesales que entregan la dirección de la investigación al Ministerio Público nos demuestra que éste solo interviene en forma directa en la realización de diligencias de investigación en casos más bien excepcionales, tales como aquellos de alta complejidad o que generan conmoción social o pública, entre ellos tenemos a los delitos de narcotráfico. La razón de esto se encuentra en el hecho de que por formación y por diseño institucional, los agentes estatales que por excelencia se encuentran en mejor posición para realizar las investigaciones, son los policías”[6].
Las diversas unidades policiales orientadas a controlar, investigar y combatir el narcotráfico, poseen experiencia, conocimientos técnicos y apoyo tecnológico que no posee el Ministerio Público, transformándolos en actores idóneos para practicar las actuaciones concretas que esta investigación criminal requiere. Se debe considerar además que la cobertura de funcionarios de los cuerpos policiales es mucho más amplia que la de los fiscales, lo que les permite entre otras cosas acceder a los sitios del suceso en forma más o menos instantánea y recopilar información relevante para el caso; también les permite tener agentes operativos trabajando en la calle que es donde se despliega una parte importante de las investigaciones criminales de tráfico de droga, así como infiltrar agentes en las organizaciones delictivas para obtener información favorable para la investigación, como también recopilar las evidencias que el Fiscal las elevará a prueba en juicio.
En contraposición, los Fiscales se destacan por ser funcionarios no operativos, propios de la profesión jurídica que ejercen, pero a su vez con altos conocimientos acerca de las exigencias legales y jurisprudenciales para llevar y ganar un caso en un juicio oral y con una visión panorámica acerca del funcionamiento completo del sistema de justicia criminal. Es así que, frente a las ventajas comparativas que presentan las dos instituciones, el sistema procesal penal actual expresamente dispone que el Ministerio Público delegue a la policía sus funciones de investigación pues el Código adjetivo Penal en su Art. 207 dice que “La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar del Ministerio Público, integrada por personal especializado de la Policía Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República”; y el Art. 214 del mismo cuerpo legal dice, refiriéndose a las diligencias actuadas por el Ministerio Público con la cooperación de la Policía Judicial, que éstas constituirán elementos de convicción y servirán para que el Fiscal sustente sus actuaciones.
Ahora bien, la Policía Judicial comprende entre otras, la Dirección Nacional Antinarcóticos, la cual tiene una misión específica establecida en el Art. 57 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, en cuyo contenido consta que la Dirección Nacional Antinarcóticos es el organismo que tiene por finalidad fundamental planificar, dirigir, coordinar y supervisar las operaciones policiales de prevención, investigación y represión de los delitos tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que rige en el Ecuador, entendiéndose que todas esas acciones y fines fundamentales de la Dirección Nacional Antinarcóticos y Jefaturas Provinciales son bajo la dirección jurídica del Fiscal, conforme el sistema procesal actual.
Técnicas De Investigación En El Narcotráfico.- En la lucha mundial antidrogas, es imperativo utilizar técnicas operativas policiales acordes con la magnitud y alcance de la delincuencia organizada, es así que el incremento y utilización de las mismas avanza conjuntamente con los métodos delincuenciales; se hace entonces oportuno hacer una elemental clasificación según se trate de procedimientos que deben utilizarse en el Ecuador durante los despliegues preventivos concretos al tráfico de drogas, o de aquellos que se utilizan en investigaciones operativas específicas, considerando como ya dijimos, que nuestro país se ha convertido en paso de sustancias sujetas a fiscalización y bodegaje de la mismas.
En los primeros no hay judicialización previa ni se conocen datos de ningún tipo con anterioridad a su prestación, realizándolos simplemente con una exclusiva idea de prevención. Se montan eso sí en zonas o lugares habituales de tráfico, entrada, distribución o consumo de drogas
En los segundos, se requiere la preceptiva y previa judicialización, conociendo datos, informes, vehículos o personas relacionadas con el ilícito penal y siguiendo desde el principio la investigación, de la mano del Fiscal y Juez competente, como veremos más adelante.
El Artículo. 102 de la Ley
de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas dice
que la Policía Nacional a través de sus organismos técnicos especializados,
tendrá a su cargo el control e investigación de los delitos tipificados en esa
misma Ley y que ya los analizamos, así como el descubrimiento y detención de
los infractores, la entrega vigilada de bienes o sustancias sujetas a
fiscalización y la aprehensión inmediata de las sustancias estupefacientes o
psicotrópicas sujetas a fiscalización y las plantas de las que pueda
extraérselas; equipos, laboratorios, precursores químicos, bienes y objetos
empleados para almacenamiento y conservación de las sustancias, vehículos y
otros medios utilizados para su transporte; dinero, valores, instrumentos
monetarios, documentos bancarios, fiduciarios, comerciales y todos los bienes
producto de la comisión de los actos tipificados en esta Ley, facultándole
además para que realice las investigaciones documentales, de laboratorio o
cualquier otra de naturaleza técnico científica.
Para
un correcto desempeño de funciones, los investigadores requieren de bases
doctrinarias y operativas policiales; el objetivo de la investigación operativa
es precisamente la obtención de indicios que permitan el esclarecimiento de la
actividad delictiva, a fin de que en su oportunidad el Fiscal pueda establecer
las causas, circunstancias y grado de participación de los involucrados en el
delito, por lo que se debe utilizar primero un método general de investigación
policial; es decir, desarrollar una secuencia técnico científica aplicable a
las circunstancias ocurridas en la perpetración del ilícito y admitidas por el
ordenamiento jurídico.
Esta secuencia tiene las siguientes fases:
1.- Conocimiento del hecho: es la información, medio o circunstancia por lo cual llega a conocimiento del investigador sobre la comisión del hecho delictuoso de narcotráfico;
2.- Comprobación del Hecho: Diligencia policial consistente en la verificación directa u objetiva que hace el investigador de la realización del hecho delictivo, empleando medios científicos para confirmar su consumación.
3.- Diligencia investigativas preliminares: Son las acciones que realiza el investigador en forma paralela o simultánea a la comprobación del hecho, para explotar al máximo toda la información primigenia de la perpetración del ilícito, así como la aprehensión de indicios o evidencias que se encuentren como resultado de la comprobación efectuada.
4.- Planeamiento de la investigación: esta etapa consiste en la previsión y racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar, para alcanzar el esclarecimiento de los delitos de narcotráfico, la misma que se plasma en la formulación de un plan de trabajo, donde se expresa la misión, las hipótesis de trabajo, las actividades específicas a realizar, las responsabilidades que competen a los integrantes encargados de la investigación y los resultados que se esperan obtener.
5.- Manejo de informantes y confidentes: Depende de la habilidad del investigador para captar informantes, ya que éstos se convierten en sus ojos y oídos permitiéndole aclarar muchos casos de narcotráfico; no hay reglas fijas; el buen manejo de informantes depende de la habilidad, inventiva y sentido común del investigador.
6.- Vigilancias: Es la etapa que consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener información sobre los delitos de narcotráfico; la vigilancia constituye una técnica y un arte.
7.- Detención y captura: Es el procedimiento orientado a la aprehensión física de una persona sorprendida en delito flagrante o involucrada de cualquier manera en un delito de narcotráfico.
8.- Incursiones: Procedimientos que permitan la acción sorpresiva, irrumpiendo un lugar o inmueble para la aprehensión de presuntos autores de delitos de narcotráfico, así como recopilación de evidencias que luego alcanzarán la calidad de pruebas.
9.- Registros: Procedimiento que se realiza para la inspección minuciosa y detallada en personas, sitios o lugares, domicilios y vehículos, con el objeto de hallar evidencias que constituyan posteriormente pruebas de la comisión del delito y de sus responsables.
10.- Interrogatorios y entrevistas: Es la técnica en base a la cual el investigador obtiene investigación de una o más personas, sobre la base de preguntas planificadas y hábilmente planteadas para el esclarecimiento del delito.
[1] Diccionario
Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
[2] Diccionario
Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.
[3]
http://www.definition-of.net/definicion-de-indagaci%C3%B3n
[4] CONSTITUCION.
Del Ecuador. Año. 2008. Pag. 96
[5]
CONSTITUCION. Del Ecuador. Año. 2008. Pag. 103
[6] Dr.
José García Falconi. nhttp://www.derechoecuador.com/
